Conforme surge de nuestra Constitución Nacional, el Estado no puede tener ninguna injerencia en las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros. Cada individuo es libre para actuar de acuerdo con su voluntad dentro de los parámetros de la no agresión. El Estado no puede violar los derechos inalienables de cada individuo prohibiendo el uso y comercio de sustancias de consumo ni constituirse en tutor por la fuerza de nadie.

Por lo tanto, nuestra posición es que debe despenalizarse el consumo y la producción de las sustancias destinadas al consumo y uso recreacional. La prohibición y la guerra contra las drogas solo han generado mafias, corrupción y el cercenamiento de las libertades individuales.