Las leyes formales constituyen normas jurídicas de carácter general y obligatorias emanadas del Poder Legislativo. Según la Constitución Nacional, nuestra nación adopta para su gobierno la forma representativa; es decir, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Pero que el pueblo delegue en sus representantes el ejercicio del poder no significa que les confiera un poder omnímodo y absoluto. El ejercicio del poder dado por el pueblo a los legisladores tiene límites basados en el pleno respeto de las libertades y de todos los derechos individuales.

Nosotros concebimos el derecho como el resultado de un proceso espontáneo que surge de la interacción libre de los individuos, regido por el principio de la ley natural. Concebir el derecho como emanación voluntaria del poder político es una actitud nociva para la libertad. El Estado debe tener la función de asegurar la certeza del derecho y no ser instrumento para la satisfacción de los intereses particulares de los gobernantes de turno ni para imponer su propia moral al resto de los ciudadanos.