La Justicia consiste en que un tercero, imparcial e independiente pueda solucionar un conflicto intersubjetivo de intereses aplicando el Derecho. A la fecha esta tarea se encuentra en manos del Poder Judicial previsto en la propia Constitución Nacional que consagra un sistema judicialista.

Sostenemos la imperiosa necesidad de asegurar que los jueces sean realmente independientes mediante mecanismos de selección absolutamente transparentes y de carácter técnico. Tales jueces deben mantener una plena neutralidad política e ideológica. Consideramos que nada impide que la tarea de resolver conflictos intersubjetivos de intereses, salvo en materia penal, pueda ser llevada a cabo por particulares, asegurando siempre un mecanismo absolutamente transparente en el que se respete la plena igualdad de trato entre los litigantes.

Por eso creemos necesaria una reforma que permita que el Poder Judicial conozca y decida únicamente sobre materia penal. Toda la administración de justicia referida al derecho común debería ser llevada a cabo por tribunales judiciales o arbitrales privados.